CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA EN MATERIA DE RECURSOS – ARTÍCULO 52 DE LA LEY 1437 DE 2011

20. 04. 16

Con la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011  se presentaron algunas novedades en el ámbito del derecho administrativo y sobre todo en materia de procedimiento. 

Una de las más importantes novedades que fue introducida, hace referencia a la establecida en el artículo 52 que manifiesta:

ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.  (…) .” (Subrayado fuera del texto original).

 

Con la nueva redacción del artículo, una interpretación adecuada del mismo podría sugerir que en materia de recursos, la Administración ahora se encuentra sujeta a un término dentro del cual está obligada a pronunciarse de fondo y a notificar la decisión adoptada so pena de perder competencia para hacerlo.

¿Podría entonces entenderse que la norma introdujo una excepción a la regla general del silencio administrativo negativo en caso de ausencia de respuesta por parte de la Administración en materia de recursos?, ¿Debe interpretarse que el término establecido por el legislador incluye el deber de notificar la decisión?

 

Estos interrogantes fueron en su momento causantes de largas discusiones pues varios sectores consideraron que el sentir del legislador era el de regular el ejercicio de la Administración mediante la estipulación de un término en el cual deberá pronunciarse respecto de los recursos que fueran interpuestos en contra de sus decisiones, sin que ello implicara ningún otro deber. Para otros en cambio, la norma presentaba con toda claridad y por primera vez en materia procesal administrativa, la institución del silencio administrativo positivo en relación con los recursos presentados en vía gubernativa.

Sin embargo, la discusión se encuentra en gran parte solventada teniendo en cuenta que a la fecha existe ya una reciente posición unánime liderada por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que ha sido acogida por otros Tribunales Administrativos a nivel nacional, según la cual, en efecto, la intención del legislador no era otra que una interpretación a favor del administrado al comprender que ante la ausencia de respuesta por parte de la Administración frente a los recursos presentados contra sus decisiones se configura de pleno derecho el silencio administrativo positivo, entendiéndose con ello que la falta de respuesta equivale a una decisión positiva respecto de lo solicitado en los recursos aunado a otra serie de consecuencias de orden patrimonial y disciplinario.

Bajo tal entendido, no sólo la Administración tiene el deber de pronunciarse dentro del término establecido por el legislador de un (1) año contado a partir de la oportuna interposición de los recursos, sino que además tiene la obligación de notificar al administrado la decisión dentro del mismo término, so pena de acarrear la pérdida de competencia si se abstiene de hacerlo.

La jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sido reiterativa al señalar que el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 claramente está haciendo referencia a la caducidad sancionatoria en materia de recursos y más aún, sin lugar a dudas está haciendo referencia a la posibilidad de alegar silencio administrativo positivo ante la falta de respuesta por parte de la Administración lo que incluye la debida notificación.

 

Para la jurisprudencia, hacer una interpretación diferente de la norma supondría:

 Desconocer el contenido y alcance sistemático de las disposiciones procedimentales administrativas introducidas con la Ley 1437 de 2011, especialmente la contenida en el artículo 52.

 Restarle efecto útil a la prescripción del artículo 52 de la ley 1437 de 2011, desatendiendo las consecuencias de la caducidad de la facultad sancionatoria y la pérdida de competencia de la autoridad administrativa.

 Desconocer al administrado su derecho a: i) obtener oportuna resolución de sus peticiones en la modalidad de recursos, ii) beneficiarse de las consecuencias de los actos administrativos fictos positivos que la normatividad prevé en su favor, iii) la oportuna definición de su situación jurídica particular, y iv) atentar contra la seguridad jurídica, habida consideración que si para el administrado nace el derecho a protocolizar el silencio administrativo en su favor a partir del día siguiente al trascurrir el término de un año previsto en el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, mal podría pensarse que después de agotado tal término, la autoridad administrativa podría sorprender al particular con la notificación de un acto que, aunque proferido dentro del periodo de un año, le es desfavorable a sus pretensiones y desconoce los efectos del silencio administrativo positivo.

En última instancia, el Consejo de Estado por su parte también se ha comenzado a manifestar afirmando la posición de los Jueces y Magistrados al considerar que en efecto el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 abre al administrado la posibilidad de invocar el silencio administrativo ante la ausencia de respuesta por parte de la Administración, bajo el entendido que para que se configure el fenómeno del silencio positivo se deben cumplir tres requisitos: i) que la ley le haya dado a la Administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recurso etc; ii) que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo; y iii) que la autoridad que estaba en obligación de resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal. Respecto de este último requisito, ha dicho la Sala que dentro del plazo señalado no solo debe emitirse la decisión, sino notificarse en debida forma. 

En el mismo sentido el Consejo de Estado, ha señalado respecto de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración, que de acuerdo con el artículo 52 “el acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos. En consecuencia, tales recursos deberán ser decididos y notificados, so pena de pérdida de competencia, en un término de un año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Los recursos a los que alude la norma son los que proceden contra el acto acusado, esto es, reposición, apelación y queja. Quiere decir que, como es usual en la práctica administrativa, interpuesto el recurso de reposición y en subsidio apelación, la Administración tiene un año para decidirlos y notificarlos (no un año para resolver cada uno de ellos).” 

Se identifica entonces el avance que con el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 se ha introducido en el campo del derecho administrativo pues se revela como una salvaguarda de las garantías constitucionales y legales que reposan en cabeza de los administrados, imponiendo simultáneamente la carga a la Administración para que actúe, resuelva y comunique de manera célere y eficaz las determinaciones que adopte.


 

Marcela Benavides Cubillos