NUEVAS DISPOSICIONES EN PROCESOS DE REORGANIZACIÓN EN EL MARCO DEL COVID- 19

20. 06. 05

En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivado de la pandemia por COVID-19, se anticipan efectos negativos para varias empresas colombianas. Bajo este contexto, se pronostica el aumento significativo en las solicitudes de reorganización empresarial y procesos de insolvencia. Por lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió los Decretos: 560 de 2020 y 772 de 2020, mediante los cuales se adoptan una serie de medidas, cuya finalidad es la mitigación de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia. Estas medidas pretenden velar por la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los mecanismos de salvamento y recuperación que regula dicho Decreto.

En consecuencia, el presente artículo pretende  describir de manera general, las disposiciones de las medidas transitorias y mecanismos de reorganización que regula tanto el Decreto 560 de 2020 como el Decreto 772 de 2020, frente a las consideraciones que deben tener en cuenta las empresas que soliciten o cursen un proceso de reorganización.

En tal sentido, las nuevas disposiciones son medidas transitorias de carácter especial, considerando que el estatuto concursal vigente y las demás disposiciones sobre procesos de reorganización empresarial, son mecanismos diseñados para tiempos normales, cuyos plazos y procedimientos son de mayor duración y cuentan con otro tipo de exigencias.  

I)           Vigencia de las medidas transitorias especiales: El artículo 1 del Decreto  560 de 2020, señala que las herramientas previstas serán aplicadas a las empresas afectadas, como consecuencia de la emergencia sanitaria, a partir de la entrada en vigencia del Decreto, es decir, a partir del 15 de abril de 2020 y hasta por dos (2) años contados a partir de la fecha en mención. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 772 de 2020 indica como tiempo de vigencia de las herramientas allí previstas por un periodo de hasta dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del mismo, es decir, a partir del 03 de junio de 2020. 

 

II)        Acceso expedito a los mecanismos de reorganización: Las solicitudes de reorganización presentadas por deudores afectados se tramitarán de manera expedita por las autoridades competentes. Así, bajo las nuevas disposiciones, el Juez del Concurso no realizará auditoría sobre el contenido o la exactitud de los documentos, ni sobre la información financiera y contable que fue aportada por el deudor. No obstante, el auto de admisión del proceso podrá ordenar la ampliación, ajuste o actualización de la información que el juez considere. Con esta medida se pretende agilizar los procesos de admisión de ingreso a los procesos de insolvencia y su duración, los cuales no resultan apropiados para resolver una situación de emergencia económica como la actual.

 

III)     Uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial: El Decreto 772 de 2020, cuya expedición se presentó con posterioridad al Decreto 560, le permite a la Superintendencia de Sociedades o entidad competente, generar la solicitud de diligenciamientos de formatos electrónicos como parte de las solicitudes de admisión y radicación electrónica, en los plazos y términos que indique la entidad. Adicionalmente, le permite a la Superintendencia de Sociedades o entidad competente, hacer uso de las herramientas tecnológicas e inteligencia artificial en el desarrollo de las etapas de los procesos de insolvencia. No obstante, se establece la obligación a la entidad competente de garantizar el acceso a la justicia de los deudores que informen su incapacidad de acceder y hacer uso de tales formatos y radicaciones electrónicas, ante lo cual habría un apoyo en la secretaría del despacho para cumplir con las radicaciones físicas de información, documentos y memoriales. 

 

III) Flexibilización en el pago de pequeños acreedores para mitigar su afectación con el proceso de reorganización de la empresa: A partir de la presentación de la solicitud de admisión al proceso de reorganización por parte de un deudor afectado, este podrá pagar anticipadamente a los proveedores, acreedores laborales no vinculados y titulares de pequeñas acreencias sujetas al proceso de reorganización, que en su total no superen  el cinco por ciento (5%) del total del pasivo externo. Para estos efectos, no se requerirá autorización previa del Juez del Concurso, pero deberá contar con la recomendación del promotor, en caso de haber sido designado. A su vez, dicha situación deberá ser informada al Juez del Concurso dentro de los cinco (5) días siguientes a su realización, aportando la lista discriminada de los acreedores, su clase y la cuantía, así como los soportes correspondientes. Finalmente, sobre este punto el Decreto indica que la venta de bienes no requiere autorización previa por parte del Juez del Concurso, salvo que sobre el bien recaiga una medida cautelar, caso en el cual tendría que solicitar su levantamiento al Juez.

 

IV)       Mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial: Los acuerdos de reorganización podrán incluir disposiciones que flexibilicen: plazos de pago de las obligaciones; pagos a los acreedores de distintas clases de forma simultánea o sucesiva; y, mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial, siempre que cumplan y se incluyan en el acuerdo de reorganización las siguientes condiciones:

 

1)   Capitalización de pasivos.

2)   Descarga de pasivos.

3)   Pactos de deuda sostenible.

 

V)          Estímulos a la financiación del deudor durante le negociación de un acuerdo de reorganización: El Decreto dispone que entre el inicio del proceso de reorganización y la confirmación del acuerdo de reorganización de los deudores afectados, el concursado podrá obtener crédito para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios durante el proceso de negociación y en este evento, no se requerirá autorización por parte del Juez del Concurso.

 

Sin embargo, en el evento en la parte concursada demuestre al Juez del Concurso que no logró obtener una nueva financiación para el giro ordinario de sus negocios, podrá solicitar autorización para respaldar su crédito, cumpliendo con tres (3) condiciones: 1) Respaldar el crédito con garantías sobre sus propios activos que no se encuentren gravados a favor de otros acreedores o sobre nuevos activos adquiridos; 2) Otorgar un gravamen de segundo grado sobre los activos previamente gravados con garantía; y 3) Otorgar una garantía de primer grado sobre bienes previamente gravados, siempre que cuenten con el consentimiento previo del acreedor garantizado.  Vale aclarar que por disposición  del artículo 9 del Decreto 772 de 2020, los deudores que obtengan fiinanciación deberán estar cumpliendo con los términos del crédito para el momento de la confirmación del acuerdo de reorganización o de lo contrario, el Juez del Concurso no podrá confirmarlo.

 

VI)    Preservación de la empresa, el empleo y el acuerdo de reorganización: Las cuotas de los acuerdos de reorganización en ejecución que correspondan a los meses de abril, mayo y junio del año 2020 de los deudores afectados, no serán considerados vencidos sino a partir del mes de julio de ese mismo año. A su vez, el acuerdo de reorganización de los deudores afectados no terminará si ocurre un evento de incumplimiento de las obligaciones del acuerdo, salvo que dicho incumplimiento se extienda por un periodo mayor a tres (3) meses y no sea subsanado en la audiencia.

 

VII)    Procesos de reorganización abreviados para pequeñas insolvencias: El artículo 11 del Decreto 772 de 2020, permite que a fin de atender la proliferación de procesos de reorganización y dar una solución rápida a las pequeñas insolvencias, los deudores destinatarios del régimen de insolvencia empresarial que regula la Ley 1116 de 2006, cuyos activos sean inferiores o iguales a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMMLV), sólo podrán ser admitidos a un proceso de reorganización abreviado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa y el supuesto de cesación de pagos, de forma que verificada la información, el Juez del Concurso admitirá la solicitud y dará inicio al proceso de reoorganización abreviado.

 

VIII)  Procedimientos de recuperación empresarial en las cámaras de comercio:  Con el propósito de lograr una mayor capacidad y cobertura al momento de atender las solicitudes de reorganización, las Cámaras de Comercio con jurisdicción territorial en el domicilio del deudor, podrán adelantar procedimientos de recuperación empresarial para su posterior validación judicial. Este procedimiento podrá aplicar para los deudores sujetos al régimen de insolvencia relacionadas en el artículo 3 previsto en la Ley 1116 de 2006, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios o no tengan un régimen de recuperación. Para tal efecto, los deudores que adopten este procedimiento deberán  adherirse al reglamento de la respectiva Cámara de Comercio. A su vez, vale anotar que por disposición  del parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 772 de 2020, la información física de la información aportada por los deudores admitidos a cualquier proceso ante la Superintendencia de Sociedades y las cámaras de comercio, podrá quedar disponible en el sistema de información empresarial de la Superintendencia de Sociedades para consultas por parte de terceros.

 

IX)        Retención en la fuente y a título de impuesto sobre las ventas IVA de empresas admitidas a procesos de reorganización: Las empresas admitidas en los procesos de reorganización empresarial o que hayan celebrado un acuerdo de reorganización y se encuentren ejecutándolo, no estarán sometidas a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta hasta el 31 de diciembre de 2020.  A su vez, las empresas admitidas a un acuerdo de reorganización y que se encuentren ejecutándolo, estarán exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta que dispone el artículo 807 del Estatuto Tributario para el año gravable 2020.

 

Adicionalmente, las empresas admitidas en procesos de reorganización estarán sometidas a retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas IVA del cincuenta por ciento (50%) a partir de la expedición del Decreto 560 de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

X)          Renta presuntiva de empresas admitidas a procesos de reorganización: Los deudores con procesos de reorganización admitidos o en ejecución, no estarán obligados a liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020.

 

XI)       Suspensión temporal de disposiciones: A partir de la expedición del Decreto Legislativo y por un periodo de 24 meses a partir de su expedición, se suspenden algunas disposiciones tales como: I) el supuesto denominado incapacidad de pago inminente previsto en el artículo 9 de la Ley 1116 de 2006; II) los artículos 37 y 38 de la Ley 1116 de 2006, relativos al trámite de procesos de liquidación por adjudicación; III) la configuración de la causal de disolución por pérdidas previstas en el artículo 457 del Código de Comercio y del artículo 35 de la Ley 1258 de 2008; y, IV) la obligación de los comerciantes de denunciar la cesación en el pago de sus obligaciones mercantiles, cuando el motivo  sea consecuencia directa de las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia.

 

XII)    Mecanismos de protección durante los procesos de reorganización empresarial para los compradores de inmuebles destinados a vivienda: El Decreto 772 de 2020 permita que los deudores afectados que sean admitidos  en procesos de insolvencia y cuyo objeto la construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda, podrán, sin autorización previa del Juez del Concurso, realizar pagos del crédito hipotecario sobre el cual se constituyó la hipoteca de mayor extensión de forma directa o mediante el pago que realice el adquiriente al acreedor hipotecario con la correspondiente subrogación, en la proporción o coeficiente que sea aplicable, a fin que el acreedor hipotecario levante el gravamen sobre la unidad respectiva y se suscriba la escritura pública de transferencia de dominio de dicha vivienda. A su vez, las cláusulas del acuerdo de reorganización deberán respetar los compromisos del contrato de promesa de compraventa o documento contractual relativo al inmueble destinado a vivienda. Por ello, en el evento en que los inmuebles estén gravados con hipoteca de mayor extensión, deberá contener las estipulaciones relativas al proceso para el levantamiento proporcional y la transferencia de los inmuebles a los promitentes compradores.

 

XIII)          Suspensión temporal de la causal de disolución por pérdidas: Por virtud del artículo 16 del Decreto 772 de 2020, se dispuso la suspensión temporal, hasta el 16 de abril de 2020, de la causal de disolución por pérdidas de las sociedades anónimas (S.A) y sociedades por acciones simplificadas (S.A.S) de los artículos:342,351, 370, numeral 2º del artículo 457 del Código de Comercio y el numeral 7 del artículo 34 de la Ley 1258 de 2008 frente a la causal referida y sobre el artículo 35 de la Ley 1258 de 2008, en relación al término para enervarla.

 

Daniel Rueda Gómez.